El desmantelamiento de las centrales nucleares y el empleo
>Por:
Carlos Martínez Camarero. Responsable del Departamento de Medio Ambiente de CC.OO. // 19/4/2011
Cuando se plantea el cierre de reactores nucleares aparece un elemento de preocupación social por la pérdida de empleo que puede suponer dicha decisión. No cabe duda de que las centrales nucleares son instalaciones industriales que mantienen una plantilla de trabajadores fijos ligados a la compañía eléctrica titular de la instalación (entre 200 y 400) y otros tantos de contratas de limpieza, seguridad y mantenimiento. Además de eso cuando hay paradas para la recarga de combustible se incorporan a esas tareas específicas varios cientos de trabajadores más que, en parte, suelen ser de la zona próxima a la central. Además de esos empleos las centrales nucleares, como casi todas las instalaciones industriales, generan un cierto empleo indirecto en la zona o comarca donde se encuentran situadas.
Es obvio por tanto que un eventual cierre de este tipo de instalaciones supone un problema de pérdida de empleo. No obstante las centrales nucleares tienen unas características que las hacen muy especiales en cuanto a este tipo de efectos sociales y laborales. Su especificidad deriva de que tanto el combustible gastado como numerosas partes de los equipos y de la instalación mantienen durante decenas de miles de años altos niveles de radiactividad. No es, por tanto, una instalación que se puede cerrar sin más, después de pararlas hay que proceder a su desmantelamiento.
El desmantelamiento exige, entre otras actuaciones, la preparación y acondicionamiento de las instalaciones y equipos, la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para los residuos de alta actividad hasta que no exista un almacén centralizado para todas las nucleares, la demolición de algunos edificios, la retirada de residuos y la construcción de un cajón para albergar el reactor.
Estas actuaciones se desarrollan en dos períodos. Uno primero denominado de transición para obtener las pertinentes autorizaciones, preparar la instalación y descontaminar el circuito primario, y otro propiamente de desmantelamiento en el que se desmantelan los elementos convencionales como el edifico de turbinas, diesel, las torres de refrigeración y los talleres, se desmantelan posteriormente los elementos radiológicos (edificios del reactor, del evaporador de residuos y del auxiliar y almacenes temporales de residuos), se descontaminan y demuelen los edificios y se restaura el emplazamiento.
Durante estos períodos, disminuye el número de trabajadores de plantilla de la central, pero se generan nuevos empleos asociados al desmantelamiento. Estas actividades, el desmantelamiento y su proceso preparatorio, se prolongan alrededor de aproximadamente una década. Esto permite que las soluciones laborales para la plantilla puedan preverse en el tiempo, negociarse con las empresas titulares cambios de los trabajadores a otros centros de las mismas o prejubilaciones y prepararse planes de reactivación para las comarcas afectadas.
En España se han producido ya algunos cierres de centrales que permiten tener experiencia en estos procesos laborales y sociales, que CC.OO. ha analizado y que explicamos a continuación.
En 1989 en la central nuclear de Vandellós I (Tarragona) se produjo un incendio que inutilizó parte de sus instalaciones y obligó a cerrarla. Cuando después de un prolongado periodo de preparación para el desmantelamiento, se aprobó e inició este (1998) aún trabajaba en la empresa el 33% de la plantilla que existía en el momento del incendio. Los demás habían sido recolocados en otros centros de trabajo de la empresa o incluidos en un acuerdo de prejubilación. Parte de los trabajadores de las contratas de limpieza y de seguridad también seguían trabajando en la instalación. Según datos de ENRESA, que es la empresa pública que dirige y se ocupa de coordinar todos los aspectos relacionados con el desmantelamiento de las centrales nucleares, en el período de ese desmantelamiento (1998-2003) trabajaron un total de 2.700 trabajadores pertenecientes a 63 empresas. La media de trabajadores en ese período que han estado ocupados en ello es de 323, un 70% de los cuales pertenecía a la zona de la central. En la ubicación de Vandellós se ha construido un Centro Tecnológico, denominado Mestral, para el desarrollo, a través de un acuerdo con la Universidad, de investigaciones de I+D relacionadas con el desmantelamiento de centrales que también emplean a varios trabajadores.
En el caso de la central de José Cabrera en Zorita (Guadalajara), en octubre de 2002 el Ministerio de Economía, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, decidió su cierre para el 30 de abril de 2006. La instalación, que era la más antigua de todas las centrales nucleares españolas (1968) y tenía una potencia de 160 MW, era propiedad de Unión Fenosa y contaba en el momento de su cierre con unos 100 trabajadores de plantilla y otros tantos procedentes de las contratas que trabajan para ella.
El Plan de Desmantelamiento prevé desarrollarse a lo largo del período desde 2010 a 2016. Desde su cierre en 2006 hasta el 2009 se preparó y acondicionó la instalación para el desmantelamiento y se construyó un Almacén Temporal Individualizado para albergar los residuos de alta actividad procedentes del reactor de la central. El desmantelamiento consiste, entre otras operaciones, en la demolición de instalaciones y en la retirada de otros residuos. En este último período se calcula que habrá unos 250 trabajadores ocupados (una parte de ENRESA y otra de contratas). El presupuesto de dicho desmantelamiento es de 135 millones de euros, sin contar con la gestión del combustible nuclear gastado.
En el caso de Zorita se abordó también la situación de la comarca y en 2006 se firmó un Pacto por el Desarrollo de la zona de influencia de la central nuclear, que aprobó un Plan para el desarrollo para la zona. El Pacto, impulsado por la Junta de Castilla-La Mancha y firmado por los Alcaldes, sindicatos, organizaciones empresariales y otras instituciones, incluía la constitución de una Mesa de seguimiento encargada de proponer, impulsar, coordinar y supervisar actuaciones para el desarrollo de la comarca, así como la creación de una Agencia de Desarrollo para promoción e impulso del Plan. La constitución de esta Agencia ha quedado paralizada por razones políticas pero en estos últimos años se han aprobado diversos proyectos para la zona que no han estado exentos de polémica en la comarca.
En el caso de la central de Garoña respecto de la que el Gobierno Español aprobó su cierre para julio de 2013, el número de trabajadores de plantilla que trabajan en la central es de 330 y hay otras 274 personas que pertenecen a unas 40 empresas que también trabajan para la instalación. En el caso de esta central el Gobierno aprobó un Plan de Dinamización Económica y de Medidas para el Empleo para la zona de influencia de la central que recoge 29 actuaciones en 5 ejes para el período 2010-2013. Cada año el MICyT convocará ayudas para actuaciones de reindustrialización en la zona de influencia de la central.
Por la experiencia acumulada en estos casos se puede plantear que:
- Para los trabajadores de plantilla o de contratas es preciso negociar que permanezcan la mayor parte posible de ellos en las tareas de desmantelamiento de la central y para los que no sea posible esto ofrecer la posibilidad de prejubilaciones o cambios a otros centros de trabajo de la misma empresa. Los períodos tan prolongados de tiempo en los que se realiza y culmina el desmantelamiento (no menos de una década) hace que los efectos se suavicen notablemente y se puedan planificar y negociar adecuadamente.
- Para los empleos indirectos que pueden verse afectados a largo plazo por la caída de actividad de la instalación es preciso poner en marcha programas de reactivación económica en la zona concernida, que creen empresas sostenibles con actividades ligadas a los recursos y posibilidades del territorio y que generen empleos estables y de calidad. Es muy importante acompasar las inversiones para creación de nuevas empresas con los períodos en los que se puede producir una pérdida real de empleos en la nuclear y no inyectar financiación a destiempo y sin vincularlo a la creación efectiva de empleos. No tiene sentido, como en algunas ocasiones ha sucedido, fondos para zonas en reconversión que sólo financian carreteras o polideportivos. Todo esto se ha de plantear, además, con procesos de participación en los que intervengan no sólo las instituciones y empresas del territorio sino también las organizaciones sociales, sindicales y ecologistas. <<
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